La Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento ACERA A.G., celebró su Encuentro Anual 2022 bajo el lema “Ahora es cuando”. El evento de este año tenía objetivo dialogar sobre la urgencia de una transición energética justa, inclusiva y sustentable; y justamente fue en esos temas en los que se concentró la directora ejecutiva de asociación, Ana Lía Rojas, quien hizo un repaso de las tareas pendientes de la industria, el gobierno y el Estado.

Ante un auditorio repleto de las y los líderes de la industria de las Energías Renovables y Almacenamiento, Ana Lía Rojas, dijo que los gobiernos, las empresas, las sociedades (del mundo) se enfrentan a una presión cada vez mayor frente al cambio climático.

Por ello, dijo que, “si se avanza en una transición climática desordenada, caracterizada por trayectorias divergentes, en todo el mundo y entre sectores, se van a separar aún más a los países y se van a dividir las sociedades, creando berreras para la cohesión social y la equidad”.

Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera.

Luego, indicó que la adopción de políticas ambientales apresuradas -también- tendrían consecuencias no deseadas. “Mientras que la falta de apoyo público para las transiciones en el uso de la tierra, crearán complicaciones políticas que retrasarán aún más la acción climática”.  Y sumó, “una transición energética que no tenga en cuenta las implicancias sociales exacerbará la desigualdad dentro y entre los países, aumentando las fricciones geopolíticas”.

“Es por eso, que Chile debe considerar una transición energética más agresiva ya que es uno de los países más expuestos al riesgo ambiental, particularmente, en el contexto de la disponibilidad hídrica y la desertificación”, argumentó Ana Lía Rojas.

Además, la directora ejecutiva de ACERA se refirió a la gobernanza energética y presentó la inquietud: ¿Qué estamos haciendo para enfrentar una década de cambios económicos, sociales y ambientales? Y respondió que para ACERA “esta es una tarea mancomunada que exige una gobernanza y una institucionalidad para la transición energética. Sin embargo, ésta hoy no existe”. Luego, agregó que éstas “no pueden demorarse, ni cinco ni diez años más en definirse ni en implementarse. Por eso, ahora es cuando”.

Enseguida, la economista, presentó una siguiente pregunta a la audiencia ¿Cuál es el riesgo que debemos visualizar y gestionar – hoy – para que los escenarios de desfosilización de la matriz ocurran en tiempo y debida forma? La respuesta es “no nos hemos hecho cargo del riesgo de no contar con una institucionalidad adecuada para la transición energética”.

Rápidamente agregó a su respuesta: “debemos saber en qué parte del territorio y con qué instituciones y de la ciudadanía vamos a desplegar los 22,5 Gigas de renovables y almacenamiento al 2030, para ser posible el retiro del carbón (…) con qué planificación territorial contamos hoy, con qué metodología para determinar cuál territorio si y en cuál territorio no se deberán desplegar los 29 mil millones de dólares de inversión que se requieren solo a nivel de generación, sin contar, entonces, las adecuaciones en transmisión, ni las adecuaciones en los sistemas eléctricos”.

Ana Lía Rojas, concluyó diciendo que este tema ya no es mérito ni tarea de un solo organismo, del Ministerio de Energía, de Medio Ambiente o del Coordinador Eléctrico Nacional, entre otros, sino que es una visión de país. “Es un acuerdo social que se basa en la ciencia, en lo técnico y en lo económico”.