Un nuevo estudio sobre el despliegue del H2 en Chile fue aceptado y publicado esta semana en el Center for Energy Studies del Rice University´s Baker Institute. for Public Policy. El documento fue elaborado por el Dr. Lindley Maxwell, investigador principal de Energía, Centro Científico Tecnológico Región de Antofagasta (CICITEM); Dra. Tilsa Oré Mónago, Fellow in Energy and Market Design; Benigna Cortés Leiss, Nonresident Fellow in Latin American Energy.

El Dr. Lindley Maxwell declaró a H2News  que “El haber participado en un trabajo multidisciplinario como este, fue muy enriquecedor. La combinación entre políticas públicas, inversiones, infraestructura habilitante y testeo de tecnologías, entrega una visión global de lo que está ocurriendo y lo que está por venir en Chile en el desarrollo de H2V. Analizar el potencial desde las distintas aristas, genera mayor certidumbre en cada uno de los lineamientos a desarrollar. Este trabajo puede permitir a tomadores de decisiones tener una visión macro de nuestra realidad  que les ayudará a activar mecanismos para acelerar la solución a su problemática, ya sea desde el sector público o privado”, destacó el profesional.

El proceso de descarbonización de la economía chilena está en marcha. El país no tiene reservas de hidrocarburos y sus recursos hídricos son limitados. Históricamente el país ha dependido de la importación de petróleo, gas natural y carbón para satisfacer sus necesidades energéticas. Sin embargo, el desierto de Atacama cuenta con la mejor radiación solar del mundo, mientras que el extremo sur tiene el viento más fuerte en tierra. Como resultado, Chile genera más del 20% de su electricidad mediante energía solar y eólica. En este contexto, el Gobierno ha adoptado la producción de hidrógeno verde a partir de recursos eléctricos renovables y el 2020 publicó la “Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde de Chile”, que tiene una visión a medio y largo plazo.

La tecnología se está probando actualmente con múltiples proyectos piloto con financiación pública y privada para incentivar la producción, suministro y uso de hidrógeno verde. Se espera que estén totalmente probados en 2025 para el consumo local, con la primera fase terminada y proporcionando:

1.- Hidrógeno verde para sustituir al hidrógeno gris -procedente de procesos de hidrocarburos que emiten CO2- que utilizan actualmente las refinerías y las                 industrias química, cementera y siderúrgica.
2.- Derivados del hidrógeno verde como el metanol para sustituir al gasóleo en el transporte pesado en actividades mineras, y en el transporte de larga distancia          mediante autobuses, trenes y camiones pesados.
3.- Amoníaco verde para producir explosivos y fertilizantes.

Gran parte del reto que plantea el aumento de la producción de este nuevo combustible para el mercado local e internacional es el desarrollo de un marco normativo que proporcione seguridad y transparencia a toda su cadena de valor. La producción, el almacenamiento, el transporte y la distribución de hidrógeno verde, así como los usuarios finales, necesitan normas fiables para los inversores, los operadores, los consumidores y las comunidades que rodean estas instalaciones. Para incentivar la reducción de emisiones y la demanda local de energías renovables, incluido el hidrógeno verde, Chile ya cuenta con un impuesto sobre el carbono de 5,00 $/tonelada de dióxido de carbono que el Gobierno tiene previsto aumentar a 35,00 $/tonelada de emisiones de carbono.

Una nueva ley sobre eficiencia energética (Ley 21.305) ha definido ahora el “hidrógeno verde” como combustible, en lugar de la definición anterior – “elemento peligroso extremadamente inflamable”- que se utilizaba cuando el hidrógeno verde estaba regulado por el Ministerio de Sanidad. Además, la Ley 21.505, aprobada en noviembre de 2022, incluyó el almacenamiento de hidrógeno para ser utilizado como respaldo del sistema eléctrico, para gestionar la intermitencia de la generación de energía renovable. En consecuencia, el Ministerio de Energía es el ente responsable de este nuevo combustible y de la implementación de su estrategia.

Un objetivo fundamental es disponer de un marco normativo eficiente y simplificado en el que los operadores puedan beneficiarse de la presentación de los requisitos medioambientales de sus proyectos ante un único organismo; el “concepto de ventanilla única”, a través del cual todos los permisos requeridos se tramitarían ante los organismos pertinentes de forma expeditiva.

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