Mas acción y menos palabras. Esa es la tónica que se viene escuchando en la industria del hidrogeno verde (H2V) hace ya varios meses en Chile.

Si bien han habido hitos relevantes el ultimo año como la puesta en marcha de proyectos como la planta móvil de CICITEM en Antofagasta, Haru-Oni en Magallanes, la inyección de H2V en gasoducto por GasValpo en Coquimbo y el proyecto de grúas horquilla de Wallmart en Santiago, estos proyectos fueron concebidos e implementados en gran medida bajo un esquema de proyecto piloto y regulación existente tipo brownfield o de proyecto especial.

Sin embargo, si pensamos en las condiciones habilitantes para la primera generación de proyectos comerciales greenfield (nuevos) de mediana y gran escala, sobretodo en lo que respecta a optimización en tramitación de permisos, infraestructura compartida, fomento a la demanda local y el acceso a financiamiento, que son factores clave para nuestra competitividad futura como país a nivel internacional, han habido pocas señales claras que den certeza a la industria en el ultimo tiempo.

Lo anterior impacta en mayor medida a Antofagasta que a Magallanes, ya que esta ultima avanza bajo un esquema únicamente de exportación, terrenos privados y cuenta con ENAP como articulador de infraestructura compartida, mientras que en el norte además de la exportación está la minería como potencial consumidor, hay un esquema de concesiones de terrenos públicos y no existe un articulador común de infraestructura.

El financiamiento es otro punto clave. La prioridad para la mayoría de los proyectos productores de escala comercial es asegurar capital para cubrir sus costos de desarrollo hasta llegar a ready to build, paso previo a la decisión final de inversión (FID) y cuyo monto ronda entre un par a decenas de millones de dólares por proyecto. Otra prioridad para que los productores avancen, es impulsar el consumo local de H2V, pero debido al aún alto costo del H2V y sus tecnologías relacionadas respecto a los combustibles fósiles (dos a tres veces mas), pocos compradores potenciales están dispuestos a pagar el alto premio (precio) verde. En este contexto, los primeros necesitan inversión o incentivos tributarios y los segundos subsidios, paso previo a la deuda que ofrece el facility de la CORFO (aunque sea a muy bajo costo). Sin estos dos catalizadores clave que acercan los proyectos a números azules, será complejo que los proyectos busquen levantar deuda a través del facility.

Lo anterior queda de manifiesto a través de dos ejemplos en el norte. Por un lado, el proceso Ventana al Futuro de Bienes Nacionales, iniciativa pionera a nivel mundial la cual adjudicó directamente concesiones a los desarrolladores para producir H2V, solicita el pago de un 30% de la renta concesional anual en etapa de estudios, un 50% en etapa de construcción y un 100% en etapa de operación, sumado a las boletas de garantía correspondientes a cada etapa. Si consideramos que la etapa de estudios y construcción puede tomar entre 2 a 4 años según el tamaño del proyecto, esto significa un desembolso considerable por parte de las empresas varios años antes de empezar a tener flujos de caja. El otro ejemplo es la falta de anuncios por parte de la gran minería respecto al uso de H2V y sus tecnologías, ya que no tienen incentivos económicos para dar el salto hacia el uso de combustibles y tecnologías limpias, que son todavía mas caros.

Esto crea un dilema, ya que los proyectos tienen que salir a buscar al mercado financiamiento para cubrir desembolsos importantes en el corto plazo, teniendo visibilidad limitada sobre la demanda local e internacional. La primera, por lo previamente indicado, y la segunda porque tampoco hay directrices claras en torno a la infraestructura compartida de exportación. No es lo mismo salir a buscar financiamiento únicamente para la producción de H2V y de amoniaco, que hacerlo también incluyendo una desaladora, hidrógenoducto y puerto, lo que a su vez impacta directamente el costo final del amoniaco y su competitividad para captar compradores extranjeros. Incluso la producción de amoniaco se puede optimizar haciendo converger la producción de H2V de varios proyectos en un solo clúster industrial exportador de amoniaco y derivados del H2.

Todas las miradas están puestas en el Plan de Acción de H2V 2023-2030 que debiese ser publicado por el gobierno en los próximos meses, el cual esperemos entregue una batería de medidas concretas las cuales faciliten la toma de decisiones por parte de la industria. Pero llama la atención que la industria fue invitada a participar en este proceso de forma tangencial y en el Comité Estratégico del H2V, que se supone afinará el Plan de Acción para darle un carácter de política de estado, no tiene a ningún representante de los gremios de empresas activas en el desarrollo de proyectos de H2V en el país.

Se acabó la ventaja que teníamos como país hace un par de años únicamente por tener el mejor sol y viento del mundo, frente a países que están implementando políticas agresivas de subsidios y regulaciones favorables al desarrollo de proyectos, principalmente en Norteamérica, Medio Oriente y, sin ir tan lejos, Colombia y Brasil. Por ende, es apremiante ordenar la casa con reglas claras que incentiven la inversión y así mantener nuestro liderazgo internacional, si no queremos que nos pase lo que ya nos está pasando con el litio. Creo en Chile y en nuestra capacidad para hacer las cosas bien, por lo que no me queda duda que lograremos encontrar soluciones a estos desafíos que son comunes a toda la industria global del H2V.

Sobre el columnista: Johan Dreyer es Cientista Político de la PUC y magister en Energía Internacional de la Universidad de Sciences Po, Francia. Ha desarrollado su carrera en empresas como Engie, BCG, GNA e Hinicio, siendo actualmente CEO de Hymatch, consultora especializada en el matchmaking internacional de empresas activas en el mercado del hidrogeno verde. A través de su rol de socio y representante de GNA, empresa minera en Antofagasta, Johan fue elegido presidente de H2 Antofagasta durante el periodo 2022-2024.Linkedin

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