Consejo de Ministros aprobó Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú

Consejo de Ministros aprobó Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú

Fecha publicada: 18 Abril, 2024

Un paso trascendental para profundizar la democracia ambiental en el país se dio este lunes con la aprobación por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático del Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú (PIPE), instrumento creado participativamente para avanzar de manera progresiva y continua en mejorar los estándares de los derechos de acceso en el país y desarrollar acciones que garanticen un ejercicio seguro para todas las personas que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

Este plan permitirá avanzar en la implementación en el país el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Este es un tratado internacional que tiene como objetivo principal garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

La Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró la aprobación del PIPE, asegurando que “este plan es transversal. Se construyó a través de un proceso participativo en el que se incluyó la opinión de las personas y también de 25 servicios públicos, comprometiéndose a más de 230 medidas que se deberán realizar de aquí a 2030, que lo que buscan es fortalecer la democracia”.

En tanto, el Ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, destacó también el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos que su cartera presentó, una herramienta que servirá también en la implementación del Acuerdo de Escazú. “El Consejo de Ministros tomó conocimiento de la aprobación de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que aprobó el 4 de abril el Protocolo de Defensores de Derechos Humanos, que es un protocolo firmado por todas las instituciones del sistema de enjuiciamiento criminal, para aquellas personas que dedican sus acciones a la defensa y promoción de los derechos humanos y para que éstas puedan ser ejercidas en entornos seguros, libres de violencia”.

“Nuestro país promueve activamente los principios del Acuerdo de Escazú. Como defensor de los derechos humanos y del multilateralismo, se trata de un importante instrumento para fortalecer la cooperación internacional y enfrentar los desafíos medioambientales de manera inclusiva y sostenible, además de reafirmar nuestro compromiso con la transparencia y la participación ciudadana. Los problemas regionales y globales debemos enfrentarlos en conjunto con otros países, buscando los acuerdos internacionales que nos permitan lograr una sociedad más justa, inclusiva y sostenible”, señaló la Ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente.

El PIPE está organizado en torno a cinco líneas estratégicas: acceso a la información ambiental, participación en la toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia ambiental, defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales; y fortalecimiento de capacidades y cooperación.

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