La Senado argentino inició el debate de una nueva propuesta legislativa promovida por el bloque oficialista que busca transformar integralmente el régimen de biocombustibles en Argentina, mediante una apertura hacia la libre competencia, la instauración de la paridad de importación en la fijación de precios y un incremento sustancial en las mezclas obligatorias de biodiésel y bioetanol en las naftas, de acuerdo a publicación del medio digital Econo Noticias.

Esta iniciativa proyecta una etapa de transición fijada hasta el 31 de diciembre de 2031 y contempla un plazo total de vigencia de 15 años. Su meta principal es aprovechar la capacidad instalada que hoy permanece ociosa e instaurar un sistema progresivo de licitaciones. Tras llevar a cabo reuniones informativas en las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, la intención es consolidar un dictamen definitivo que permita su pronto tratamiento en el recinto legislativo.

Este impulso parlamentario ocurre tras el fallido intento de reestructuración que se había incluido originalmente en discusiones legislativas previas. En aquel proceso, la retirada de las modificaciones vinculadas a la Ley 27.640 postergó el debate y limitó la participación de ciertos actores de la industria refinadora y de las grandes firmas agroexportadoras. En la actualidad, las comisiones evalúan en paralelo tres proyectos alternativos, sobresaliendo la iniciativa gubernamental por el respaldo empresarial que ha cosechado tras incorporar modificaciones en nueve de sus artículos.

Esquema gradual de incrementos en el corte obligatorio

El núcleo del proyecto establece que el contenido mínimo de biodiésel en el gasoil comience en un 7,5% e incremente de manera automática al 10% al cumplirse un año de promulgada la norma. Por su parte, el porcentaje de bioetanol obligatorio en las naftas se fijará inicialmente en un 12%, proyectando un salto al 15% en el mismo período de doce meses. No obstante, la autoridad de aplicación conservará facultades excepcionales para modificar estas proporciones ante imprevistos técnicos, sociales, ambientales o de abastecimiento interno.

De forma complementaria, la propuesta contempla la incorporación paulatina del co-procesamiento por parte de refinadores mezcladores, permitiendo añadir insumos no fósiles a la elaboración de gasoil. Este sistema iniciará con una participación del 0,5% en 2028 y escalará gradualmente hasta alcanzar un tope del 2% en 2031, dentro de un umbral máximo global establecido en el 3%.

Apertura comercial y libre formación de precios

En el ámbito operacional, el texto propone eliminar las restricciones territoriales dentro del Mercado Electrónico general para incentivar la libre competencia, aunque mantendrá áreas delimitadas para las pymes no integradas con el propósito de mitigar sus gastos de logística. La innovación más significativa reside en el reemplazo de los valores máximos fijados por un sistema de precios de referencia alineados a la paridad de importación. Si las cotizaciones locales rebasan dichos indicadores, se activará una cláusula que habilitará la importación directa de biocombustibles.

Con el fin de resguardar a las pequeñas y medianas empresas independientes dentro del marco de transición, se reservará un cupo exclusivo en el mercado regulado. Para impedir posiciones dominantes o monopolios, ninguna corporación económica podrá acaparar más del 14% de la comercialización anual asignada a este segmento.

Repercusiones tarifarias e impacto económico fiscal

El sector refinador ha manifestado su apoyo a la iniciativa, advirtiendo sobre las variables de costos actuales. Representantes de la industria señalaron que los biocombustibles registran valores significativamente superiores a los insumos fósiles, por lo que llevar la mezcla de biodiésel al 10% representará un aumento adicional estimado en un 3% en el precio final de los combustibles en los surtidores.

El tratamiento legislativo responde también a la urgencia económica generada por la contracción de los volúmenes exportados. Según reportes analíticos del sector energético, la caída en las ventas internacionales significó una merma fiscal de 300 millones de dólares durante 2025 y un costo acumulado de 6.500 millones de dólares en los últimos 15 años. El nuevo marco busca mitigar este impacto mediante la creación de una plataforma única y transparente de comercialización electrónica administrada por un ente independiente, al tiempo que invita a las provincias a desarrollar regímenes locales que promuevan un uso opcional de mezclas aún mayores.