El hidrógeno verde ya no compite solo por color, también lo hace por huella, costo y contrato
El hidrógeno verde ya no compite solo por color, también lo hace por huella, costo y contrato
Por Arturo De la Sotta, CEO de P2X Consulting
Fecha publicada: 18 Agosto, 2026
El hidrógeno verde seguirá siendo una pieza relevante de la transición energética. Pero el mercado que comienza a emerger ya no premiará una molécula únicamente por su color. Exigirá saber cuántas emisiones tiene durante su ciclo de vida, cuánto cuesta puesta en destino, qué infraestructura la sostiene y qué comprador está dispuesto a contratarla. La ventaja renovable abre la competencia; la certificación, el costo y el contrato deciden quién permanece en ella.
Durante los últimos años, gran parte de la conversación se concentró en metas de capacidad, anuncios de megaproyectos y mapas de potencial. Esa etapa cumplió una función importante que fue movilizar interés, capital inicial y política pública. Sin embargo, los datos más recientes muestran que el sector entró en una fase mucho más exigente. La Agencia Internacional de Energía estima que la producción de hidrógeno de bajas emisiones superará por primera vez el 1% de la producción mundial durante 2026. Es un hito, pero también una medida de realidad: el crecimiento existe, aunque parte desde una base todavía pequeña.
La misma revisión de la IEA muestra que el impulso inversor perdió velocidad en 2025. Las nuevas decisiones finales de inversión descendieron por debajo de 0,8 millones de toneladas anuales de capacidad, mientras la cartera de producción anunciada hacia 2030 se redujo en 10 millones de toneladas. Esto no significa que el hidrógeno haya fracasado. Significa que el mercado está separando las aspiraciones de los proyectos capaces de superar ingeniería, permisos, financiamiento, construcción y demanda.
Esa selección también está cambiando el lenguaje regulatorio. El 12 de agosto, Brasil reglamentó su marco para el hidrógeno de bajas emisiones. El decreto no se limita a una sola ruta tecnológica: incorpora certificación, análisis de ciclo de vida, incentivos, requisitos de contenido local, contratos de suministro y coordinación entre reguladores. Incluso ordena presentar estimaciones de inversión, cronogramas y costo por kilogramo para acceder a determinados beneficios. Brasil no está discutiendo únicamente cómo producir una molécula limpia; está construyendo las reglas bajo las cuales esa molécula podrá financiarse, transportarse, certificarse y comercializarse.
Europa avanza en la misma dirección, aunque con su propia arquitectura. Los Estados miembros tenían hasta el 5 de agosto para incorporar las reglas europeas sobre el mercado del hidrógeno y los gases descarbonizados. El marco crea condiciones para infraestructura dedicada, operadores de redes y certificación de hidrógeno renovable y de bajas emisiones. Paralelamente, la Comisión Europea prepara una cuarta subasta de hidrógeno para diciembre de 2026, con un presupuesto de hasta 500 millones de euros. El apoyo público continúa, pero ya no funciona como una declaración genérica de entusiasmo: se asigna mediante reglas competitivas, requisitos verificables y una prima que debe justificarse.
Hay una señal común detrás de estos movimientos. El mercado se está desplazando desde una discusión basada en etiquetas hacia una basada en atributos comprobables. El origen renovable mantiene valor y, en algunos mercados, constituye un requisito regulatorio específico. Sin embargo, no elimina la necesidad de medir emisiones a lo largo de la cadena, demostrar adicionalidad cuando corresponda, asegurar trazabilidad, cumplir estándares de transporte y entregar el producto al precio y en el plazo comprometidos.
Esto tiene consecuencias directas para Chile. Durante años hemos sustentado nuestra propuesta en recursos solares y eólicos de clase mundial. Esa ventaja es real, pero no es automática ni eterna. Si la electricidad renovable no puede contratarse a un costo compatible con la operación del electrolizador; si la transmisión llega tarde; si los puertos, ductos o plantas de derivados no tienen permisos; o si la certificación chilena no conversa con la del mercado de destino, la calidad del recurso quedará atrapada en una presentación.
Además, Chile competirá con países que están adoptando definiciones más amplias de hidrógeno de bajas emisiones y que pueden combinar recursos naturales, infraestructura existente, incentivos fiscales y demanda industrial doméstica. No corresponde responder debilitando nuestros estándares ambientales ni abandonando la apuesta por el hidrógeno renovable. Corresponde entender que la pureza de la propuesta debe ir acompañada de productividad. Una tonelada con una huella excelente, pero sin comprador o con logística inviable, no constituye industria.
La escasez de demanda vinculante confirma esta tensión. La IEA señala que los acuerdos de compra con condiciones obligatorias para productores y compradores representan menos de 2 millones de toneladas anuales. Es una cifra inferior al potencial de los proyectos ya comprometidos y apenas una fracción de la cartera con posibilidades de operar hacia 2030. La brecha no está en la imaginación de los desarrolladores. Está en la disposición de refinerías, productores de fertilizantes, navieras, acerías y otras industrias para pagar el diferencial y asumir contratos de largo plazo.
Por eso, la política chilena debe pasar de promover oferta a organizar mercados. Primero, necesitamos una metodología de certificación interoperable con Europa y otros destinos, que permita acreditar la intensidad de emisiones de cada producto y no solo declarar su origen. Segundo, los instrumentos de apoyo deberían exigir hitos de ejecución, rutas de permisos, acceso energético y compromisos verificables de demanda. Tercero, Chile debe priorizar usos donde ya existe consumo de hidrógeno o de sus derivados, y sectores difíciles de electrificar donde la molécula resuelva un problema industrial real. Cuarto, la planificación energética debe integrar desde el comienzo generación, transmisión, almacenamiento, desalación, puertos y nueva demanda, porque ningún proyecto de gran escala funciona como una isla.
También debemos evitar dos errores. El primero sería aferrarnos a una superioridad moral del hidrógeno verde y asumir que los compradores pagarán cualquier precio por ella. El segundo sería interpretar la apertura tecnológica internacional como permiso para diluir la integridad ambiental. Ninguno construye una posición competitiva. Chile debe defender una molécula renovable, trazable y de muy baja huella, pero hacerlo con disciplina comercial y capacidad de ejecución.
La oportunidad sigue abierta. La depuración global puede favorecer a Chile si obliga a comparar proyectos por calidad real y no por tamaño anunciado. Tenemos recursos renovables, experiencia energética, infraestructura portuaria y sectores industriales capaces de originar demanda. Lo que falta es conectar esas piezas bajo estándares reconocibles y modelos de negocio que distribuyan correctamente el riesgo entre productor, comprador, proveedor de energía, operador logístico y financista.
La próxima etapa del hidrógeno no será ganada por el país que anuncie más gigavatios. La ganará quien pueda demostrar, tonelada por tonelada, una huella verificable, un costo competitivo, infraestructura disponible y un contrato factible. Chile ya tiene el recurso. Ahora debe convertir esa ventaja natural en una ventaja certificada, comercial y ejecutable. Porque en el mercado que viene, ser verde será indispensable; demostrar valor será lo que permita vender.
