La Comisión Europea presentó ayer una nueva y contundente propuesta legislativa para eliminar completamente las importaciones de gas ruso del mercado europeo antes de finalizar 2027. El anuncio fue realizado por el Comisario de Acción Climática, Dan Jørgensen, durante una conferencia de prensa en Estrasburgo, marcando un hito en la estrategia energética europea bajo el plan REPowerEU.

“Hoy decidimos cerrar el grifo al gas ruso”, afirmó Jørgensen, destacando la necesidad urgente de romper con las dependencias energéticas que, durante demasiado tiempo, han debilitado a Europa y favorecido a Rusia.

La propuesta contempla una prohibición total a las importaciones de gas ruso en dos etapas:

1. Desde finales de este año, quedarán prohibidos todos los contratos nuevos para la compra de gas ruso.

2. Posteriormente, se eliminarán progresivamente los contratos existentes, incluidos los de largo plazo, hasta alcanzar el veto total en 2027.

Además de la prohibición, la Comisión propone una nueva herramienta de trazabilidad y monitoreo que requerirá a los importadores entregar información detallada a las autoridades aduaneras sobre el origen del gas, el proveedor y los puntos de entrada y distribución de GNL. Esta medida busca prevenir mecanismos de elusión del veto mediante triangulaciones o reetiquetado de origen.

La Comisión también tendrá acceso directo a los contratos de suministro para garantizar la aplicación efectiva del nuevo marco.

Según Jørgensen, la transición será gradual y coordinada con los Estados miembros para evitar impactos negativos en las economías nacionales y el tejido empresarial. Cada país deberá elaborar un plan nacional de diversificación que detalle medidas y plazos para una salida ordenada del gas ruso.

“Menos es más. Menos energía desde Rusia significa más seguridad y autonomía para Europa”, resumió el Comisario, reforzando que este giro estratégico permitirá a Europa invertir más en energías limpias, seguras y asequibles.

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa para REPowerEU, la hoja de ruta lanzada en 2022 para acelerar la transición energética del bloque, ahora impulsada con medidas legales más robustas y mecanismos de supervisión más estrictos.

Con esta legislación, la Unión Europea busca no solo garantizar la seguridad energética, sino también fortalecer su competitividad económica y avanzar hacia un modelo energético más sostenible y resiliente.