El esperado Proyecto de Ley de Fomento a la Industria del Hidrógeno Verde (H2V), que el Gobierno había presentado con carácter de urgencia, no fue finalmente votado este martes por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados. La sesión fue pospuesta debido a que varios parlamentarios solicitaron más tiempo para revisar el texto y aclarar los alcances técnicos y tributarios de la iniciativa, lo que implica que el proyecto perdió su calificación de “urgente” y aún no cuenta con una nueva fecha de tratamiento en comisión.

El Ministerio de Hacienda, encabezado por Nicolás Grau, y el de Energía, liderado por Diego Pardow, habían asistido a la comisión para explicar los principales puntos del proyecto, el cual contempla un crédito tributario de hasta US$2.800 millones destinado a fomentar la demanda y producción nacional de hidrógeno verde y sus derivados. Sin embargo, la necesidad de un análisis más exhaustivo por parte de algunos diputados detuvo el avance legislativo, prolongando la discusión de una norma considerada clave para acelerar la transición energética del país.

El contenido del proyecto

El texto ingresado por el Ejecutivo busca establecer dos mecanismos principales de fomento. En primer lugar, un beneficio tributario transitorio de US$2.800 millones que será adjudicado a través de licitaciones anuales a productores de hidrógeno verde, amoníaco o metanol. Las empresas que adquieran estos productos podrán utilizar los créditos adjudicados para rebajar el impuesto de Primera Categoría, estimulando así la demanda interna y reduciendo los costos relativos del H2V frente a los combustibles fósiles.

Este beneficio será gestionado por un Comité Interministerial conformado por los ministerios de Hacienda, Energía y Economía. Están previstas seis licitaciones entre 2025 y 2030, con montos decrecientes desde US$700 millones el primer año hasta US$300 millones en los dos últimos, incentivando una rápida entrada de los proyectos al mercado. Además, podrán postular tanto nuevas iniciativas como ampliaciones de proyectos en operación durante los 12 meses previos a la promulgación de la ley.

Régimen especial para Magallanes y la Antártica Chilena

El segundo eje del proyecto introduce un marco tributario especial para productores que se instalen en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, con el objetivo de aprovechar sus ventajas naturales para la generación de energía eólica y la producción de hidrógeno verde. Este régimen busca unificar los distintos tratamientos tributarios vigentes en la zona y eliminar distorsiones territoriales. Las empresas establecidas allí quedarían exentas del Impuesto de Primera Categoría, tendrían derecho a la exención del IVA en la importación de bienes de capital y podrían acceder al crédito tributario para la primera compra.

Además, se contempla una contribución regional equivalente al 1% del valor de los activos fijos que superen los 10 millones de dólares, cuyo pago se devengará al inicio de la construcción y se aplicará progresivamente sobre los activos importados, comprados o fabricados cada año. Los fondos recaudados podrán destinarse a proyectos de desarrollo local, eficiencia energética, energías renovables y obras de carácter social en la región.

Mejoras incorporadas en el texto

Durante su paso por la Comisión de Hacienda, el Gobierno introdujo indicaciones acordadas con parlamentarios de distintos sectores. Entre ellas, se estableció que el pago anticipado del 1% de la contribución regional se efectúe al momento de la inversión, evitando gravar proyectos que aún no se concretan, y se amplió el uso de los recursos recaudados a fines sociales, no solo productivos. También se ajustaron los criterios para revocar créditos en caso de incumplimiento, fijando márgenes objetivos respecto de los plazos de producción y volúmenes comprometidos.

Próximos pasos

Tras la suspensión de la sesión de ayer, el Ejecutivo deberá coordinar una nueva presentación del proyecto ante la Comisión de Hacienda. Mientras tanto, la pérdida de urgencia implica que su tramitación podría extenderse más allá de las proyecciones iniciales del Gobierno, que esperaba avanzar a la votación en Sala durante octubre.

El Ministerio de Energía ha subrayado que este marco legal es fundamental para acelerar la creación de un mercado local de hidrógeno verde, impulsar la reindustrialización regional y fortalecer la competitividad del país en la producción y exportación de energías limpias. Sin embargo, la falta de consenso y la necesidad de mayor claridad técnica mantienen el proyecto en pausa, postergando por ahora uno de los pilares de la política energética chilena.