Todo proyecto conlleva riesgos. Riesgos de ejecución, tecnológicos y de mercado, especialmente cuando se busca levantar una industria que no existía previamente. El desarrollo del hidrógeno verde y de los combustibles sintéticos en Chile no ha sido la excepción.

Lo que comenzó con grandes expectativas fue encontrándose, progresivamente, con la realidad: altos costos de desarrollo, procesos de tramitación extensos y complejos, ausencia de infraestructura habilitante, una competencia internacional cada vez más agresiva y un mercado tensionado por la irrupción de productos fuertemente subsidiados. Nada de esto es trivial, y menos aún cuando se intenta competir desde una región extrema, sin industria pesada previa y con brechas estructurales que otros países ya resolvieron hace años.

Sin embargo, reducir el análisis únicamente al freno o ralentización de los proyectos sería una mirada incompleta.

Magallanes hoy está en el mapa global de los combustibles bajos en carbono, y eso no es un eslogan. La planta piloto de Haru Oni ha demostrado, con hechos, que la producción de combustibles sintéticos es técnicamente viable. Esa señal, en una industria emergente, tiene un valor estratégico enorme, más allá de los tiempos comerciales.

A ello se suma un impacto económico que muchas veces se subestima. Los proyectos en estudio han movilizado más de US$100 millones en inversiones tempranas: arriendos, contratación de personal local, servicios profesionales, apoyo a actividades comunitarias, ocupación hotelera, transporte, alimentación y, de manera muy relevante, la contratación de consultoras y proveedores locales que han participado en estudios técnicos, ambientales y logísticos. Todo esto ocurrió mucho antes de que se colocara la primera piedra. El aporte ha sido real y anticipado.

Al mismo tiempo, estos proyectos han debido internalizar costos que en otros países no existen o son asumidos por el Estado. Puertos para importar equipos, ampliación o mejora de rutas para cargas sobredimensionadas, servicios básicos e infraestructura habilitante han sido parte de la planificación privada, en contextos donde otras jurisdicciones ya ofrecen estas condiciones resueltas como política pública.

El escenario internacional tampoco ayuda. Hoy se habla de precios de amoníaco en rangos de US$575 a US$641 por tonelada, cifras que solo son posibles mediante subsidios directos y mecanismos de apoyo estatal agresivos. Sin esos instrumentos, dicha producción no sería viable económicamente. A ello se suma una pregunta incómoda, pero necesaria: cuán verde es realmente parte de esa oferta que compite en el mercado.

La ralentización de los proyectos en Chile no responde a una falta de visión ni a un error de origen. Es la reacción lógica frente a un mercado que ha madurado más lento de lo esperado, a una carrera global de subsidios, a la demora en la adopción tecnológica de nuevos combustibles y a un sistema de evaluación ambiental cuyo costo, solo para llegar a presentar un Estudio de Impacto Ambiental, puede superar fácilmente varias decenas de millones de dólares. Ese riesgo, hoy, no es menor.

Aun así, Chile mantiene una oportunidad relevante. La combinación de hidrógeno verde producido en Magallanes con la disponibilidad de CO₂ biogénico proveniente, por ejemplo, de plantas de celulosa en otras regiones, abre opciones concretas para el desarrollo de derivados como el metanol. Tal vez el siguiente paso no sea insistir en una única fórmula, sino repensar la industria, ampliar la mirada y articular mejor los recursos que el país ya tiene disponibles.

Estamos frente a una industria que puede cambiar la matriz productiva de Chile y su posicionamiento internacional. La ventana de oportunidad sigue abierta, pero no será indefinida. Ojalá las nuevas autoridades comprendan la magnitud del desafío y del potencial, y se avance con mayor decisión, coordinación y velocidad. El país aún está a tiempo.