La aceptación social se ha convertido en uno de los principales desafíos para el despliegue de nuevas infraestructuras energéticas. Sin embargo, el biometano podría marcar una diferencia frente a otras tecnologías renovables gracias a su estrecha relación con la actividad agrícola y ganadera, según concluye el estudio “Biometano: Licencia Social Deep Dive”, elaborado en exclusiva por ATA Insights para RENMAD Biometano 2026.

El análisis sostiene que España reúne condiciones excepcionales para liderar el desarrollo del biometano en Europa debido a su amplia cabaña ganadera, una agroindustria consolidada y una abundante disponibilidad de residuos orgánicos que pueden transformarse en gas renovable. No obstante, advierte que el éxito de esta industria dependerá menos del recurso disponible que de la capacidad de los proyectos para integrarse en el territorio y construir una verdadera licencia social.

La referencia danesa como modelo de desarrollo

El estudio, escrito por ATA Insights, plantea que Dinamarca representa el mejor ejemplo de cómo integrar las plantas de biogás en el entorno rural. Allí, los agricultores no solo suministran la materia prima, sino que también son clientes e incluso copropietarios de las instalaciones, lo que ha permitido convertir estas plantas en una parte natural del paisaje agrario.

Según el documento, España dispone de una base de recursos incluso superior a la de muchos países europeos, pero deberá replicar esa integración territorial para alcanzar resultados similares. La principal interrogante ya no es por qué el biometano enfrenta resistencia, sino qué hacen aquellos proyectos que logran pasar de ser simplemente tolerados a convertirse en iniciativas respaldadas por las comunidades.

Una renovable ligada directamente a la economía rural

Uno de los principales argumentos del informe es que el biometano presenta una ventaja estructural frente a otras tecnologías renovables porque no llega al territorio como una infraestructura ajena, sino como una extensión de la propia actividad agraria.

El estudio destaca que la gestión de purines puede transformarse en una fuente recurrente de ingresos para los ganaderos; que el digestato permite sustituir fertilizantes minerales, reduciendo costos; que las plantas ayudan a disminuir problemas ambientales asociados al exceso de nitratos y que generan empleo permanente en operación, mantenimiento y logística. Asimismo, identifica oportunidades para aprovechar el calor y el CO₂ producido, favoreciendo el establecimiento de nuevas actividades agroindustriales en torno a las plantas.

La licencia social comienza antes de construir

ATA Insights sostiene que disponer de un buen proyecto técnico ya no es suficiente. La aceptación social debe comenzar mucho antes del inicio de la tramitación ambiental y administrativa.

El documento resume cinco principios para construir esa licencia social: iniciar el trabajo territorial antes del diseño del proyecto; adaptar cada instalación a las características de la comunidad; integrarse en la economía local existente; mantener una relación permanente durante toda la vida útil de la planta y medir el desempeño social con la misma importancia que los indicadores técnicos o financieros.

Durante el webinar que dio origen a parte de este análisis participaron David Muñoz, de Naturgy Renovables para Castilla-La Mancha y Castilla y León, e Inés Monroy, especialista en gestión social de proyectos. Entre las principales conclusiones destacó que la licencia administrativa no garantiza la aceptación del proyecto y que la licencia social debe construirse mediante una relación continua con el territorio.

Integración con las comunidades como ventaja competitiva

El informe incorpora el caso de una planta fotovoltaica de 300 hectáreas donde seis familias ganaderas continúan desarrollando actividades de pastoreo dentro de la instalación. La experiencia demuestra que una infraestructura energética puede convertirse en un activo para la comunidad cuando genera beneficios compartidos.

Para ATA Insights, el biometano parte con una ventaja adicional, ya que su propia materia prima proviene de la actividad agrícola y ganadera, lo que facilita una integración mucho más natural con la economía local.

La regulación comienza a premiar la aceptación social

Otro de los aspectos destacados por el estudio es la evolución del marco regulatorio. Según el análisis, las futuras normas incorporarán incentivos para aquellos proyectos que acrediten un desempeño destacado en materia social, territorial y ambiental.

El documento también cita investigaciones del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Granada que muestran que la aceptación ciudadana puede aumentar entre un 30% y un 35% cuando las comunidades perciben beneficios económicos o ambientales directos derivados del proyecto. En consecuencia, invertir desde etapas tempranas en la relación con el territorio puede traducirse en menores plazos de desarrollo, menores costos y un mejor acceso al financiamiento.

La siguiente etapa de la transición energética

El estudio concluye que España ya ha consolidado una importante capacidad renovable instalada, con 95 GW y una participación cercana al 60% en el mix eléctrico nacional. Sin embargo, considera que el próximo gran desafío será lograr que las comunidades no solo acepten la transición energética, sino que sean ellas mismas quienes la impulsen.

En ese escenario, ATA Insights sostiene que el biometano aparece como la tecnología mejor posicionada para liderar esa nueva etapa, debido a que ofrece soluciones concretas a problemas existentes en el medio rural mediante la valorización de residuos, la generación de ingresos adicionales para agricultores y ganaderos y el fortalecimiento de la economía local. La conclusión central del informe es que el éxito no dependerá únicamente de la tecnología, sino de la capacidad de construir relaciones de confianza y beneficios tangibles con los territorios donde se desarrollan los proyectos.