La aprobación unánime de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto HNH Energy en Magallanes marca un momento relevante para la industria del hidrógeno renovable en Chile. Pero, más allá de los US$11.000 millones de inversión, de las capacidades proyectadas o del potencial exportador del amoníaco verde, este hito plantea una pregunta bastante más profunda: ¿está Chile preparado para gobernar la transición energética que está comenzando a construir? Esta pregunta no es menor.

HNH Energy no es solamente una planta de producción de hidrógeno o amoníaco. Es un proyecto territorial de enorme complejidad que contempla generación eólica, producción de hidrógeno y amoníaco, desalación de agua de mar, almacenamiento, ductos, líneas de transmisión y un terminal marítimo para la exportación. Su escala obliga a pensar la transición energética más allá de la instalación de nueva capacidad renovable. Y aquí aparece el concepto de gobernanza.

Durante años hemos hablado de la transición energética principalmente desde la perspectiva de la tecnología: más energías renovables, electrificación, hidrógeno verde, almacenamiento, reducción de emisiones y nuevos combustibles. Sin embargo, a medida que estos proyectos aumentan su escala, la discusión necesariamente debe desplazarse hacia otra dimensión: quién decide, cómo se decide, quién participa, quién asume los costos y quién captura los beneficios de esta transformación.

La aprobación de HNH demuestra que Chile dispone de una institucionalidad ambiental capaz de procesar proyectos de enorme complejidad. El proceso incluyó evaluación técnica, participación ciudadana y la intervención de distintos organismos públicos antes de llegar a la decisión regional. El propio Servicio de Evaluación Ambiental desarrolló actividades destinadas a informar a las personas y grupos vinculados al proyecto sobre sus derechos, deberes y posibilidades de formular observaciones.

Eso importa porque gobernar la transición energética no significa simplemente acelerar los proyectos. Tampoco significa detenerlos ante cada conflicto. Significa construir instituciones capaces de compatibilizar inversión, protección ambiental, desarrollo territorial, participación ciudadana y legitimidad democrática. Y esa tarea será cada vez más exigente.

HNH Energy ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en 2024 y durante su tramitación debió responder un volumen significativo de observaciones. En 2025 se informó que el proyecto debía responder 364 observaciones formuladas durante el proceso de evaluación.

Este dato permite entender algo fundamental: los grandes proyectos de transición energética no son únicamente desafíos de ingeniería. También son procesos institucionales y sociales. Por eso, la unanimidad con que se aprobó la RCA debe ser entendida como un resultado importante, pero no como el final de la discusión.

Una RCA establece condiciones ambientales para la ejecución de un proyecto. Pero la gobernanza continúa durante las etapas posteriores: permisos sectoriales, construcción, operación, fiscalización, monitoreo ambiental, relación con las comunidades y distribución de los beneficios económicos que genere la actividad.

En otras palabras, aprobar un proyecto es gobernar una decisión; ejecutarlo responsablemente es gobernar sus consecuencias. Y aquí Chile enfrenta uno de sus principales desafíos. La transición energética puede transformar profundamente regiones como Magallanes. Puede atraer inversión, generar empleo, desarrollar proveedores, fortalecer infraestructura, crear capacidades tecnológicas y conectar al país con mercados internacionales que demandarán moléculas y combustibles de bajas emisiones.

Pero también puede producir presiones sobre territorios, infraestructura, agua, biodiversidad, movilidad, servicios públicos y mercados laborales. Por eso, la pregunta que debemos hacernos no es solamente cuánto hidrógeno verde podemos producir. Debemos preguntarnos qué modelo territorial queremos construir alrededor del hidrógeno verde.

La diferencia es sustantiva. Una política energética puede establecer metas de producción. Una política industrial puede definir incentivos. Un proyecto privado puede comprometer miles de millones de dólares. Pero ninguna de esas dimensiones, por sí sola, garantiza que la transición energética sea territorialmente equilibrada y socialmente legítima.

Para eso necesitamos gobernanza: Gobernanza multinivel, porque las decisiones nacionales se materializan en regiones y comunas. Gobernanza territorial, porque los proyectos tienen impactos concretos sobre comunidades y ecosistemas. Gobernanza público-privada, porque el Estado define reglas y condiciones, mientras las empresas movilizan buena parte de la inversión y de las capacidades productivas.

Y gobernanza democrática, porque la transición energética no puede reducirse a una ecuación entre inversión y reducción de emisiones. También debe preguntarse por participación, transparencia, distribución de beneficios y legitimidad social.

Magallanes puede convertirse, en este sentido, en uno de los grandes laboratorios de la transición energética chilena. No solamente porque posee condiciones excepcionales para la generación eólica, sino porque allí se está configurando una nueva relación entre territorio, energía, industria y mercados globales.

HNH Energy es parte de ese proceso. Y su aprobación ambiental puede ser vista como un hito que trasciende al propio proyecto: es una prueba de la capacidad institucional del país para procesar inversiones de una escala que hace pocos años parecían improbables en la industria energética chilena.

Pero la verdadera prueba comienza ahora. Chile tendrá que demostrar que puede atraer inversión sin renunciar a la planificación territorial; acelerar la transición sin debilitar la evaluación ambiental; promover exportaciones sin desvincularlas del desarrollo local; y construir infraestructura energética sin perder de vista a las comunidades que conviven con ella.

Ese equilibrio no se consigue solamente mediante leyes, permisos o declaraciones estratégicas. Requiere instituciones coordinadas, información transparente, capacidades regionales y mecanismos permanentes de diálogo. El hidrógeno verde nos obliga, entonces, a ampliar nuestra mirada. La pregunta ya no puede ser únicamente si Chile será capaz de producir hidrógeno verde competitivo.

La pregunta estratégica es otra: ¿Seremos capaces de gobernar democráticamente la transformación económica, territorial y energética que el hidrógeno verde puede provocar?

La aprobación unánime de HNH Energy es una buena noticia para la transición energética chilena. Pero su verdadero significado se medirá en los próximos años, cuando debamos convertir esa decisión administrativa en desarrollo territorial, capacidades locales, valor económico y legitimidad social.

Porque una transición energética exitosa no será aquella que simplemente construya más megawatts, produzca más toneladas de hidrógeno o exporte más amoníaco. Será aquella capaz de demostrar que descarbonizar también puede significar construir mejores instituciones, fortalecer los territorios y ampliar la capacidad de la sociedad para decidir sobre su propio futuro energético.

Y esa, probablemente, sea la dimensión más importante de la gobernanza de la transición energética que Chile está comenzando a enfrentar.

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Fotografía: https://www.visitapuntaarenas.cl/sangregorio.html