La aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que crea el primer incentivo a la demanda para el hidrógeno verde marca un antes y un después para la política energética chilena. No solo porque establece un mecanismo concreto —un crédito tributario que podría movilizar hasta US$ 2.800 millones—, sino porque instala al hidrógeno en el centro de una discusión que ya no es meramente técnica o productiva, sino profundamente política. En un país donde el debate fiscal domina cada ciclo electoral, comprometer recursos de esta magnitud es, sin duda, una apuesta de Estado que exige claridad, responsabilidad y visión estratégica.

El incentivo busca corregir una falla estructural: Chile tenía proyectos de producción, pero no un mercado interno capaz de absorber hidrógeno renovable a gran escala. Sin demanda no hay industria; sin industria, no hay transición energética ni competitividad futura. El crédito tributario, adjudicado mediante licitaciones anuales, intenta resolver ese cuello de botella. Se trata de una herramienta que, en términos estrictamente económicos, parece razonable: reduce riesgos, mejora la bancabilidad de los proyectos y acelera la curva de adopción tecnológica.

Sin embargo, la política nunca es neutral frente a los números. La gran pregunta es si Chile está preparado para asumir el costo político de subsidiar una industria naciente en un contexto de restricciones fiscales, conflictos distributivos y agendas públicas cada vez más tensas. El riesgo es evidente: un mal diseño, una comunicación insuficiente o un giro radical en el escenario político podría convertir este incentivo en el centro de una controversia nacional basada no en lo que el hidrógeno puede llegar a ser, sino en cuánto cuesta hoy.

Y aquí está el punto central: la austeridad fiscal no es el mejor aliado para una industria en desarrollo. De hecho, históricamente nunca lo ha sido. La industria del hidrógeno verde no puede despegar sin mecanismos que reduzcan riesgos, generen demanda y permitan a los proyectos transitar desde la etapa piloto a la escala industrial. Eso no ocurre por inercia del mercado; ocurre cuando el Estado decide intervenir para acelerar la adopción tecnológica, reducir incertidumbres y crear condiciones de competitividad. Así lo han hecho Estados Unidos con el IRA, la Unión Europea con su Hydrogen Bank, y Japón, Corea y Australia mediante subsidios multimillonarios.

Pensar que Chile puede competir con esos gigantes sin un rol público robusto es, simple y llanamente, una ilusión tecnocrática.

Más aún cuando el escenario internacional presiona en sentido contrario. Europa acaba de tomar una decisión histórica: eliminar progresivamente todos los combustibles fósiles provenientes de Rusia. No se trata solo de una sanción política; es un reordenamiento estructural del mapa energético global. Al cerrar la puerta al gas ruso, la Unión Europea abre una ventana gigantesca para importar hidrógeno renovable desde países con alto potencial, entre ellos Chile. La demanda global se está reconfigurando y el espacio para convertirse en proveedor estratégico de “moléculas verdes” no permanecerá abierto para siempre.

Aquí se produce la paradoja: mientras el mundo presiona por acelerar, la política chilena podría pisar el freno. La tensión entre desarrollo y austeridad no es nueva, pero en el caso del hidrógeno verde adquiere una particularidad: estamos ante un sector donde la velocidad es determinante. Si Chile se queda atrapado en un debate estrecho —centrado exclusivamente en el costo fiscal inmediato— arriesga perder una oportunidad estratégica que difícilmente se repetirá.

Este es, en esencia, un debate político sobre el tipo de país que queremos ser. ¿Seremos espectadores del nuevo mercado energético global o actores capaces de superar un modelo extractivo anclado en el siglo XX? ¿Optaremos por la austeridad inmediata o por el desarrollo de largo plazo respaldado por una visión de Estado? ¿Seremos un país que apuesta por el futuro o uno que se paraliza por temor al gasto?

La política, más que la tecnología, será quien defina la respuesta.

En este sentido, la aprobación del incentivo es un paso valioso, pero no garantiza nada por sí sola. Requerirá consistencia regulatoria, estabilidad institucional y —sobre todo— una capacidad política inédita para sostener decisiones que no rinden frutos en un ciclo electoral, sino en décadas. Será necesario explicar a la ciudadanía que el costo no es gasto sin retorno, sino inversión en competitividad, empleo, innovación y soberanía energética en un mundo que ya entró en una carrera distinta.

Ahora que proyecto avanza al Senado para su revisión, Chile tiene que demostrar que no sólo tiene condiciones naturales para liderar la economía y la industria del hidrógeno verde, sino que también tiene las condiciones políticas para sostener esa ambición.