En el marco de la III Cumbre del Litio y Energía “Regeneración”, evento donde H2News participó como Media Partner, conversamos con Sebastián Quiñones, director de desarrollo estratégico de la Cámara Internacional del Litio y Energías (CIL Lithium), sobre los ejes centrales de la Hoja de Ruta 2025–2030. El documento propone una nueva mirada para el desarrollo del llamado Triángulo del Litio, impulsando una articulación regional que trascienda la lógica extractiva y siente las bases de una economía del conocimiento.

En un contexto global donde este recurso se ha convertido en el pilar de la transición energética, Quiñones plantea la necesidad de avanzar hacia un ecosistema energético sudamericano que combine cooperación política, convergencia regulatoria y trazabilidad ambiental. Mediante herramientas tecnológicas como blockchain, la propuesta busca fortalecer la legitimidad, la sostenibilidad y la capacidad de la región para posicionarse como referente mundial en innovación y gobernanza compartida.

En la Hoja de Ruta 2025–2030 se plantea el paso del “Triángulo del Litio” hacia un ecosistema energético regional. ¿Qué condiciones reales deben darse para que esa visión se convierta en una coordinación efectiva y no en un concepto aspiracional?

La transformación del Triángulo del Litio en un ecosistema energético efectivo dependerá de tres condiciones que deben operar simultáneamente, no de forma aislada.

La primera es una voluntad política de largo plazo que trascienda los ciclos electorales. No se trata solo de firmar acuerdos de gobierno, sino de institucionalizar compromisos que sobrevivan a los cambios de administración. Para esto podemos inspirarnos en marcos como el Acuerdo de Escazú, que ha logrado garantizar continuidad en temas ambientales. Los acuerdos deben tener rango de política de Estado, no de gobierno.

La segunda condición es una convergencia regulatoria mínima. No estamos hablando de eliminar soberanías ni de crear una autoridad supranacional, sino de establecer estándares compartidos en tres áreas críticas: trazabilidad, gestión hídrica y participación comunitaria. Estos estándares deben estar alineados con exigencias internacionales como el Reglamento Europeo 2023/1542, que establece una huella de carbono máxima de 60 kg CO₂/kWh para 2030. Al mismo tiempo, deben adaptarse a nuestras realidades y preservar la plena soberanía de cada país.

La tercera, y quizás la más importante, es la institucionalidad permanente. Necesitamos mesas técnicas estables, con presupuesto propio y capacidad real de decisión, donde participen gobiernos, industria, academia y comunidades en pie de igualdad. No pueden ser espacios de consulta burocrática, sino ámbitos donde se tomen decisiones vinculantes.

Entendiendo las dificultades e intentos fallidos previos, en CIL Lithium nos posicionamos como un conector neutral que puede facilitar estos diálogos, habilitando una integración vertical regional que vaya desde el refino hasta la innovación en origen. Sin estas tres condiciones operando juntas, corremos el riesgo de que el concepto quede en buenas intenciones.

Habla usted de transformar la competencia en colaboración estratégica. ¿De qué manera se construye esa confianza entre gobiernos, empresas y comunidades, especialmente en un contexto donde aún predominan intereses nacionales y corporativos?

La clave está en comprender que la narrativa de rivalidad entre países es obsoleta ante la realidad del mercado. La demanda global de litio crece un 30% anual, con proyecciones de hasta un 400% de incremento para 2040. No estamos disputando una cuota limitada de mercado, estamos ante una explosión de demanda que ningún país o empresa puede satisfacer de manera aislada.

Además, compartimos una realidad física inescapable: nuestros salares están interconectados y enfrentamos desafíos hídricos comunes. La gestión del agua no respeta fronteras administrativas. Esto por sí solo exige coordinación técnica, más allá de voluntades políticas.

La confianza se construye demostrando que colaborar genera beneficios concretos para todos. Un clúster regional nos da mayor poder negociador frente a los fabricantes de baterías que hoy controlan y concentran la mayor parte del mercado. Podemos compartir infraestructura crítica, reducir costos y validar conjuntamente tecnologías como la Extracción Directa de Litio (DLE), que reduce el consumo hídrico de manera drástica.

Para superar los precedentes fallidos de integración regional, proponemos dos mecanismos: primero, cláusulas anti-deserción con costos claros para quien abandone los acuerdos; segundo, transparencia radical en todos los procesos, desde la información técnica hasta los beneficios económicos.

La lógica es simple: con más del 56% de los recursos globales de litio, podemos pasar de ser tomadores de precios a formadores de mercado. Pero solo si actuamos coordinadamente. La desconfianza nos mantiene débiles; la colaboración nos convierte en actores determinantes.

Uno de los ejes más relevantes del documento es la trazabilidad. ¿Cómo se puede avanzar en sistemas de certificación que garanticen un litio con origen verificable y estándares ambientales comparables a los exigidos por Europa o Norteamérica?

La trazabilidad no es simplemente un valor agregado para competir mejor, es la condición de entrada a los mercados premium. Los compradores europeos y norteamericanos ya no aceptan opacidad en sus cadenas de suministro. Si no podemos demostrar de dónde viene nuestro litio y cómo se produjo, simplemente quedaremos fuera de los segmentos más rentables.

Nuestra propuesta es impulsar y participar activamente en la conformación de un consorcio o sistema regional público-privado de registro electrónico basado en tecnología blockchain. ¿Por qué blockchain? Porque garantiza datos inmutables y verificables en cada etapa, desde el salar hasta la batería final. Cada lote de litio tendría un registro digital que incluye: origen exacto, consumo hídrico, huella energética, condiciones laborales y participación comunitaria.

Este sistema debe tener validación académica, así como validación normativa independiente, y auditorías periódicas alineadas a estándares globales. No puede ser solo una declaración de las empresas, debe ser un sistema de tercera parte con credibilidad internacional e instrumentos tecnológicos de monitoreo de vanguardia.

El monitoreo en sus comienzos debe incluir al menos la huella hídrica y energética, que son los dos puntos más críticos para la aceptabilidad del litio sudamericano en mercados desarrollados. Y debe ser accesible: las comunidades locales, los gobiernos y los compradores internacionales deben poder consultar esta información en tiempo real.

Si logramos esto, nuestro litio no solo competirá en precio, sino que tendrá una prima por certificación. Y habremos establecido un estándar que otros productores globales tendrán que seguir.

La hoja de ruta plantea pasar de la extracción al conocimiento compartido. ¿Qué tipo de alianzas académicas y tecnológicas considera prioritarias para que esa transformación sea posible en los próximos años?

La diferencia de valor es brutal y clarifica por qué debemos avanzar en la cadena. Una tonelada de carbonato de litio básico se vende actualmente entre $10,000 y $11,000 USD, tras una caída significativa desde los máximos de $70,000 alcanzados en 2022. Ese mismo litio, procesado en material catódico para baterías, puede alcanzar entre $30,000 y $40,000 USD por tonelada, dependiendo del tipo de material (NCM, NCA o LFP) y su grado de pureza. Si nos quedamos en la extracción básica, estamos dejando sobre la mesa más del 70% del valor potencial de la cadena.

Para capturar ese valor necesitamos conocimiento técnico específico en dos áreas prioritarias. Primero, hidrometalurgia avanzada: entender mejor nuestras salmueras, optimizar los procesos de concentración y refino, y desarrollar tecnologías adaptadas a nuestras condiciones específicas. Segundo, química de materiales catódicos: dominar la síntesis de compuestos de alto rendimiento para baterías de última generación.

Debemos aprovechar nuestras complementariedades regionales y articular alianzas con centros tecnológicos globales especializados en baterías, para acelerar el proceso de aprendizaje.

CIL Lithium se posicionará como facilitador de estas instancias, propiciando la formación de un hub regional de laboratorios colaborativos y/o programas de pasantías. La idea es crear un flujo constante de investigadores, técnicos y científicos que circulen entre universidades regionales, centros internacionales y plantas industriales.

El objetivo final es que la región se convierta en un centro de inversión e innovación global en tecnología de litio y baterías, no solo en un proveedor de materia prima. Queremos que los ingenieros especializados en litio vengan aquí a formarse, que las patentes se desarrollen aquí, que las soluciones tecnológicas nazcan aquí. Es pasar del extractivismo al conocimiento.

En el texto se destaca la participación de las comunidades locales y pueblos originarios. ¿Cómo se asegura que esa participación sea realmente incidente en las decisiones y no solo parte de un proceso formal de consulta?

Esta es probablemente una de las preguntas más importantes, porque sin legitimidad social ningún proyecto es sostenible. Hemos visto demasiados casos donde la “consulta” a comunidades es apenas un trámite burocrático para cumplir requisitos legales, sin impacto real en las decisiones.

Nuestra propuesta es que la participación comunitaria debe convertirse en un proceso de coparticipación efectiva a lo largo de todo el ciclo de los proyectos, no solo al inicio. Esto significa varias cosas concretas.

Primero, involucrar a las comunidades desde las etapas iniciales de planificación y durante todo el monitoreo operativo. No presentarles un proyecto cerrado para que lo aprueben o rechacen, sino construirlo con ellos desde el diseño.

Segundo, garantizar acceso transparente a información ambiental e hídrica mediante plataformas digitales. Las comunidades deben poder verificar cuánta agua se está extrayendo, cuáles son los niveles de los acuíferos, qué impactos se están generando.

Tercero, y esto es crucial, establecer mecanismos de distribución equitativa de beneficios. No estamos hablando de compensaciones simbólicas o donaciones discrecionales, sino de participación real en las ganancias que se traduzca en mejoras tangibles en educación, salud e infraestructura local. Las comunidades deben ser socias del desarrollo, no espectadoras.

Debemos ser claros: la minería del litio es ineludible e impostergable si queremos que la humanidad acceda a estándares mínimos civilizatorios como energía limpia, movilidad sostenible, almacenamiento masivo, electrificación rural y reducción de emisiones. Pero ese desarrollo solo tiene sentido si se construye con pleno respeto a las comunidades locales y sus decisiones, integrando su perspectiva del territorio y garantizando beneficios tangibles y duraderos.

Si miramos hacia 2030, ¿cuál sería para usted el signo más claro de que el Triángulo del Litio ha logrado consolidarse como un ecosistema energético coordinado, legítimo y reconocido internacionalmente?

El éxito se evaluará mediante cinco indicadores concretos y medibles que idealmente avanzarán en paralelo: una gobernanza regional estable con instancias técnicas permanentes, presupuesto propio y operación independiente de los cambios de gobierno; una certificación de origen reconocida que genere prima de precio en mercados premium, como el bullion standard para metales preciosos; producción regional de precursores y materiales catódicos mediante tecnología propia o alianzas; participación comunitaria efectiva desde el diseño, con supervisión operativa y acceso real a beneficios en educación, salud e infraestructura; y capacidad para incidir en estándares y precios internacionales de producción sostenible. Un signo claro de progreso será cuando otros países y empresas miren al Triángulo del Litio no solo por su volumen de producción, sino por sus prácticas replicables, convirtiendo así un recurso natural en un modelo de desarrollo sostenible.

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