Opinión: El H₂V ya no es el futuro porque la urgencia de 2026 nos obliga a actuar hoy mismo
Opinión: El H₂V ya no es el futuro porque la urgencia de 2026 nos obliga a actuar hoy mismo
Por: Arturo De la Sotta CEO de P2X Consulting
Fecha publicada: 17 Febrero, 2026
Chile no necesita otra promesa; necesita obra, demanda y gobernanza que conviertan el hidrógeno verde en empleo, exportaciones y menor dependencia fósil. El borrador de la Actualización 2026 de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados se mueve en esa dirección: deja atrás la épica fundacional y adopta un pragmatismo ejecutor. Es una buena noticia, siempre que cumplamos los hitos que ahí se trazan y que el Estado ponga nombre y fecha a cada responsable.
Lo primero que valoro es la claridad política. El texto reafirma que el hidrógeno verde es una política de Estado iniciada en 2020, ahora actualizada con una visión de largo plazo que trasciende ciclos gubernamentales. La continuidad institucional no es un lujo; es la condición para atraer capital en una industria intensiva en CAPEX. Mantener ese carril despejado nos diferencia en la región y nos hace previsibles para socios y financiadores.
El documento es honesto en reconocer que el mundo cambió desde 2020 y que, con proyectos madurando a escala global, la política pública debe ser “realista, flexible y orientada a la implementación”. Esa frase marca un antes y un después: pasar del powerpoint a los permisos, de las giras a los contratos, de los anuncios a la logística. La actualización ordena el esfuerzo en tres focos (demanda interna y descarbonización; nuevo sector exportador y posicionamiento; y gobernanza para desarrollo sostenible y valor local) y prioriza siete temas críticos que, puestos en castellano, equivalen a los cuellos de botella que hoy frenan decisiones de inversión: costos, permisos, incentivos económicos, capital humano, posicionamiento internacional, infraestructura y transparencia/participación.
Celebro, además, que las metas se midan como resultados de industria y no como “gigavatios en la pizarra”. El país ya no promete capacidad por prometer; instala rangos de toneladas equivalentes para consumo doméstico, exportación y producción total. Al 2035, la exportación plantea 300–700 kt/año y, al 2050, una producción total de 2.000–3.500 kt/año. Esa lógica reconoce la incertidumbre del mercado y pone el énfasis en lo que realmente importa: moléculas limpias compradas y vendidas con contratos reales.
El giro a demanda primero es quizá el cambio más trascendente. La propia estrategia afirma que la demanda interna será clave para adquirir aprendizajes, transferir tecnología y crear encadenamientos que sostengan la competitividad exportadora. Empezar por sustituir hidrógeno gris en refinación, explosivos y fertilizantes (mercados hoy existentes) y, sobre esa base, escalar a e-combustibles para transporte marítimo y aéreo, es la ruta sensata para consolidar offtakers y bajar riesgo. Nada acelerará más el costo nivelado que contratos domésticos bancables en los próximos 24–36 meses.
Para activar esa demanda, el Estado propone mecanismos económicos transitorios, fiscalmente responsables, que cierren la brecha de costos frente al fósil. Es el tipo de puente que han usado todos los países que tomaron en serio esta industria. Mi invitación es a que dichos instrumentos se condicionen a contratos de largo plazo, a metas de desempeño (capex/opex, factores de carga, eficiencia hídrica) y a cláusulas de salida automáticas cuando el diferencial caiga bajo umbrales objetivo. La competitividad no nace en un decreto, nace en la disciplina de medir y corregir.
La agenda de permisos y regulación también aterriza donde duele. El texto pide robustecer capacidades públicas, modernizar sistemas, implementar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales y acelerar iniciativas estratégicas con reducción de plazos, además de poner foco regulatorio en seguridad de derivados, ductos, desalación y certificación. Traducido al lenguaje de un project finance: necesitamos certezas de tramitación, timelines visibles y una ventanilla única que no sea un slogan. Esto no solo baja costo de capital; separa los proyectos serios de los aspiracionales.
En infraestructura y logística, el énfasis en puertos multipropósito y en infraestructura compartida es la pieza que faltaba para la primera ola. Dos proyectos logísticos/portuarios preparados para exportación antes de 2030 pueden mover la aguja del costo del primer MWh al repartir CAPEX común y estandarizar seguridad de derivados. Si los diseñamos como plataformas abiertas (no como feudos), la competencia entre productores se dará cuesta abajo y no cuesta arriba. Además, la noción de hubs interregionales (pasar de “dos polos” a un sistema de regiones complementarias por función) por fin aterriza el discurso territorial en una cartera de inversiones y servicios.
Hay un mensaje nítido en gobernanza y licencia social: sin transparencia, diálogo temprano y beneficios locales verificables no hay proyecto que llegue a término. La actualización refuerza mecanismos de información, participación y trazabilidad de impactos, un estándar que no debe verse como costo sino como seguro de continuidad. Y establece metas de uso sustentable de agua reciclada o desalada para la electrólisis, línea roja que, bien implementada, sube la vara de la industria y despeja fantasmas en territorios sensibles.
El frente internacional también está mejor enfocado. El documento reconoce la competencia creciente (Norte de África, Australia, Medio Oriente, América Latina) y, al mismo tiempo, la oportunidad de un comercio interregional que podría alcanzar 55 Mt H2-eq en 2050, con Chile aspirando a más del 6% si ejecuta bien y se posiciona en cadenas como e-metanol, aviación y marítimo. Aquí la diplomacia debe traducirse en bancabilidad: PPAs verdes, garantías soberanas y esquemas de certificación compatibles con los mercados de destino.
Cuando uno recorre el detalle, los hitos al 2030 están donde deben: cerrar brecha de costos para gatillar demanda, instalar un esquema de certificación, avanzar oportunamente en regulaciones, habilitar dos proyectos portuarios y logísticos, consolidar hubs interregionales, asegurar uso sustentable de agua y desplegar diez programas piloto en educación superior y técnico-profesional. Más que un wish list, es un tablero de control público que permitirá medir avances concretos, corregir desvíos y, sobre todo, enviar señales claras al capital.
Si el país quiere acelerar, hay tres áreas de ejecución que no admiten demora. Primero, la certificación debe pilotearse con plantas de primera ola entre 2026 y 2027, anclada a hubs priorizados y interoperable con los esquemas de nuestros compradores. Sin sello creíble, no hay offtaker serio. Segundo, los permisos necesitan SLA vinculantes por servicio y trazabilidad pública de cada hito; la LMAS es un avance, pero sin gestión diaria se volverá letra muerta. Tercero, la infraestructura compartida exige gobernanza público-privada profesional y reglas procompetencia desde el primer día; la captura de rentas logísticas espanta inversiones antes de que existan. Todo lo anterior, por cierto, requiere capital humano a la altura. Es positivo ver diez programas piloto para educación superior y liceos técnicos; ahora atémoslos a contratos de aprendizaje con empresas y a estándares laborales de seguridad para amoníaco, metanol y desalación.
Queda por delante ajustar el Plan de Acción 2023–2030 a la nueva realidad. La estrategia incorpora un mecanismo explícito para reevaluar y modificar medidas, preservando objetivos, pero adaptando instrumentos a un mercado que cambia trimestre a trimestre. Usemos esa herramienta con rigor técnico, no con voluntarismo. Peor que moverse tarde es persistir en lo que dejó de funcionar.
¿Podemos competir? Sí, si abrazamos una ejecución obsesiva por los datos y orientada a resultados. Las proyecciones de demanda doméstica (entre 1,9 y 4,5 Mt H2-eq/año al 2060) justifican la construcción de una base industrial que, a su vez, nos posiciona mejor para exportar cuando el comercio global se consolide. Y en la escena internacional, la diversificación de fuentes por seguridad energética abre puertas a proveedores confiables con reglas estables. En ambos frentes, Chile parte con ventaja, pero solo el cronograma cumplido valida esa ventaja.
Mi llamado es simple y urgente. A la industria: comprometan demanda, firmen offtakes y apadrinen formación este año; el aprendizaje vale oro y se captura operando. Al Estado: ponga responsables visibles a cada hito 2030, active incentivos de demanda con sunset clause y KPIs públicos, publique una cartera priorizada de hubs con trazabilidad hídrica y portuaria y transparente el avance mensual de permisos críticos. A las regiones: exijan proyectos con beneficios locales medibles y participación temprana. A todos: no dejemos que la ventana de oportunidad se cierre por indecisión. La actualización 2026 nos entrega el mapa; ahora nos toca conducir.
