La discusión sobre la “permisología” en Chile —ese término que se ha instalado en el debate público para describir la maraña de autorizaciones que enfrenta cualquier proyecto de inversión— tiene ahora un respaldo técnico de peso. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (CLAPES UC) publicó en junio de 2026 el Documento de Trabajo N°165, titulado “Estudio comparado internacional sobre sistemas de permisos y sus recomendaciones para Chile”, elaborado por Hernán de Solminihac, miembro del Comité Ejecutivo de CLAPES UC, y Josefina Almendra Dagá, investigadora del centro.

El diagnóstico es contundente: entre 2008 y 2025, los tiempos promedio de tramitación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) aumentaron un 71%, mientras que los de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) se multiplicaron por más de tres. Hoy, dos de cada tres proyectos exceden los plazos legales establecidos, y los más complejos pueden demorar más de once años en obtener la totalidad de sus autorizaciones.

Una brecha que no deja de crecer

Según datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) citados en el estudio, en 2024 una DIA tomó en promedio 262 días, muy por encima de los 200 días hábiles que fija la ley. Un EIA, por su parte, alcanzó los 672 días frente a un plazo legal de 450. Si se incluye la Participación Ciudadana Anticipada, los tiempos escalan a 414 y 677 días, respectivamente.

La serie histórica de más de 30 años analizada por SOFOFA a través de su plataforma Prisma —citada por los autores— es aún más elocuente: las DIA pasaron de 234 a 401 días entre 2008 y 2025, y los EIA se dispararon de 355 a 1.175 días. En promedio, un proyecto que obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) en 2024 demoró cerca de 49 meses, casi cuatro veces más que en 2008, pese a que el plazo legal es de solo seis meses.

El caso más extremo lo aporta la minería: según un estudio de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) de 2024, un proyecto de explotación minera nueva emplazado en zona rural puede tardar 107 meses —8 años y 11 meses— entre el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el inicio de la operación. Si el proyecto incorpora una planta desaladora, el plazo puede extenderse en 32 meses adicionales por la tramitación de la concesión marítima, llevando el total por sobre los 11 años.

El costo económico: inversión paralizada por miles de millones de dólares

El informe cuantifica el impacto económico de estas demoras. De acuerdo con SOFOFA, entre los grandes proyectos de inversión (montos iguales o superiores a USD 100 millones) que a la fecha del catastro esperaban una RCA, 93 correspondían al sector energía, representando en conjunto USD 29.871 millones de inversión paralizada. Le sigue minería, con 23 proyectos detenidos.

A esto se suma la judicialización. Según cifras de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) citadas en el documento, 199 proyectos han sido judicializados históricamente ante los tribunales ambientales, con montos que alcanzan los USD 57.536 millones. El 85% de la inversión judicializada corresponde a proyectos ingresados como EIA. Y la mayoría de estas causas —204 de 237 analizadas— se dirigen contra proyectos que ya contaban con una RCA aprobada, lo que revela que el litigio opera principalmente como una etapa posterior a la decisión administrativa, no como un mecanismo de objeción previo.

Chile frente al mundo: no es la ley, es la gestión

Uno de los hallazgos centrales del informe es que la diferencia entre Chile y las jurisdicciones analizadas —Australia, Canadá, Noruega, Reino Unido, Perú y Colombia— no radica principalmente en los plazos legales, sino en la capacidad institucional para cumplirlos.

Algunos ejemplos que recoge el estudio:

• Reino Unido: el régimen de proyectos de infraestructura de importancia nacional (NSIP) está diseñado para tomar cerca de 17 meses, aunque en 2024 los permisos efectivamente otorgados (Development Consent Order) tardaron en promedio 3,6 años, lo que motivó una reforma legal ese mismo año para crear una vía rápida.
• Canadá: los plazos legislados máximos son de 300 días para evaluaciones lideradas por la agencia federal y hasta 600 para procesos con panel de revisión. En el ejercicio 2024-2025, el tiempo de revisión federal promedió apenas 91 días.
• Australia: el proceso federal de aprobación ha demorado históricamente un promedio cercano a 3,1 años, lo que llevó al gobierno a avanzar en una reforma de “ventanilla única” con la expectativa de reducir el plazo a 21 meses.
• Perú: el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) reportó reducciones de hasta 46% en sus tiempos de evaluación mediante digitalización y herramientas de inteligencia artificial, cerrando 2025 con más de 200 proyectos certificados por unos USD 18.000 millones.

Ni siquiera los sistemas “lentos” del benchmark se acercan a las cifras chilenas: ni Australia (3,5 años promedio histórico) ni Reino Unido (3,6 años promedio en 2024) tienen un equivalente a los 11 años y 6 meses que la CNEP identificó para los proyectos mineros más complejos en Chile.

Los cuatro cuellos de botella

El documento organiza las causas de la demora en cuatro dimensiones: institucional (fragmentación entre más de 400 permisos catastrados por la CNEP en 2019, repartidos entre decenas de organismos sin coordinación); procedimental (tramitación históricamente secuencial y plazos legales sin consecuencias vinculantes); sustantiva (judicialización posterior a la RCA); y territorial (consulta indígena bajo el Convenio 169 de la OIT, que según cifras de la Universidad de Chile citadas en el estudio, tendría asociada una inversión frenada equivalente a un 4,8% del PIB).

En el ámbito municipal, el informe documenta una llamativa disparidad: la tramitación de un permiso de edificación puede tomar 39 días en la comuna de Renca, mientras que en Macul llega a 602 días, según cifras de la industria inmobiliaria recogidas en el estudio.

Siete propuestas y la Ley 21.770

El documento cierra con siete propuestas —entre ellas, avanzar hacia un acto único de habilitación, tramitación paralela con plazos máximos vinculantes, diferenciar procesalmente los proyectos nuevos de las modificaciones operativas, y completar la digitalización del sistema— que los autores presentan como complementarias a la Ley N° 21.770 (Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales), promulgada en septiembre de 2025. Según el informe, esa norma constituye “una primera respuesta institucional” al diagnóstico, pero su impacto real dependerá de la implementación reglamentaria y aún deja pendientes dimensiones críticas, como la integración de la decisión administrativa en un acto único y el fortalecimiento homogéneo de los servicios sectoriales con mayor incidencia en la tramitación.

El estudio también menciona el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social, presentado por el Ejecutivo en abril de 2026, que incorpora un mecanismo de restitución económica para titulares de proyectos cuya RCA sea anulada judicialmente, iniciativa que —advierten los autores— ha generado debate entre especialistas por sus eventuales efectos sobre los incentivos institucionales.

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