Chile enfrenta una oportunidad inédita: convertir su abundancia de energía limpia en una ventaja competitiva para la economía. Para aprovecharla, deberá acelerar las inversiones en infraestructura, modernizar sus redes y avanzar decididamente hacia una mayor electrificación. Esa es una de las principales conclusiones del informe “Hacia la autonomía y certidumbre energética Chile 2035”, presentado este miércoles por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

El documento fue dado a conocer durante el seminario “Energía 2030: del Diagnóstico a la Acción”, organizado por el Ministerio de Energía y el CPI, que contó con las exposiciones de la ministra de esa cartera, Ximena Rincón y del presidente del CPI, Eduardo Frei.

El estudio -elaborado por el consejero del CPI, Héctor Lagunas y el consultor Nelson Muñoz–advierte que el desafío ya no es solo aumentar la generación renovable, sino asegurar que esa energía llegue de manera eficiente a los hogares y sectores productivos donde puede generar mayor valor.

“Además, el principal reto es desarrollar redes de transporte y distribución de gas natural para los consumos no electrificables, y ampliar la transmisión y distribución eléctrica para los que sí pueden electrificarse”, relevó Lagunas.

La magnitud es considerable. El documento proyecta que la demanda eléctrica superará los 100.000 GWh hacia 2035 y podría llegar a entre 140.000 y 180.000 GWh en 2050, con requerimientos de inversión cercanos a US$300.000 millones en los próximos 25 años.

El crecimiento deberá ir acompañado de una transformación tecnológica: la red eléctrica tendría que expandirse 40% hacia 2035 y triplicarse hacia 2050, hasta unos 700.000 kilómetros, evolucionando de sistemas pasivos a redes inteligentes, con gestión en tiempo real, almacenamiento y mayor participación de los usuarios.

La infraestructura no es el único obstáculo: el documento del CPI advierte sobre gobernanza fragmentada, regulación subóptima, falta de financiamiento para nuevas inversiones y vulnerabilidad física de las instalaciones. A esto se suma el riesgo de que los costos recaigan con más fuerza en los hogares y clientes regulados con menor capacidad de pago.

Frente a ello, el informe propone una agenda de corto, mediano y largo plazo que combine medidas administrativas, modernización regulatoria y reformas institucionales, entre ellas distribución inteligente, gestión de demanda y fortalecimiento del capital humano.

El gas natural, agrega el CPI, puede cumplir un rol de transición y respaldo, desplazando generación diésel y atendiendo sectores donde la electrificación aún no es competitiva. El estudio destaca también la oportunidad de profundizar la integración energética regional a partir del gas de Vaca Muerta, con potencial para reducir costos y fortalecer la seguridad energética.