Chile acaba de dar un paso decisivo en la consolidación de su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. El Ejecutivo ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea un esquema de incentivos tributarios para estimular la producción y el consumo local de hidrógeno verde y sus derivados. La medida, que contempla una inversión pública de hasta 2.800 millones de dólares en seis procesos de subasta entre 2025 y 2030, busca cerrar la brecha de costos y facilitar el despegue de esta nueva industria energética.

Una apuesta concreta para reducir el “green premium”
El núcleo del proyecto consiste en un crédito tributario contra el Impuesto de Primera Categoría aplicable al comprador chileno de hidrógeno verde y derivados producidos en el país. En la práctica, significa abaratar la adquisición para las industrias locales, reduciendo el diferencial de precio respecto a los combustibles fósiles. Con ello, sectores como la minería, el transporte marítimo, la producción de fertilizantes y los explosivos industriales tendrán mayores incentivos para sustituir su consumo por opciones bajas en carbono.

El beneficio se adjudicará mediante subastas anuales, en las que los productores competirán por ofrecer el menor costo por kilo de hidrógeno. El diseño incluye topes decrecientes, pasando de 5 dólares por kilo en la primera subasta de 2025 a montos progresivamente menores en las siguientes rondas, en línea con la expectativa de que la curva tecnológica reduzca costos hacia 2030. Las reglas de desempate favorecerán a quienes destinen una mayor proporción de su producción al mercado interno, reforzando el objetivo de construir un ecosistema nacional.

• El proyecto crea un crédito tributario transitorio contra el Impuesto de Primera Categoría (IDPC) aplicable al comprador local de H₂V/derivados producido en Chile, adjudicado vía subastas anuales 2025–2030 (asignado a productores, transferido a compradores, con uso por 10 años desde el inicio de producción y ventas elegibles hasta 01-01-2041).

• Tope global: US$ 2.800 millones distribuidos en seis procesos, con límites decrecientes por kg (piso-tope dinámico), y regla de desempate que favorece mayor volumen y proporción a consumo local.

• Se exige adicionalidad financiera y se fiscaliza con un Comité interministerial; el crédito no es reembolsable pero sí imputable y con arrastre.

• En Magallanes se crea un estatuto especial: exención de IDPC, sin otras bonificaciones (salvo régimen de Zona Franca), y anticipo de la contribución regional tras RCA.

• Costo fiscal estimado: hasta US$ 328,4 millones/año entre 2030–2040 (DIPRES).

Qué propone, en simple

• Beneficio: crédito contra IDPC para el adquirente chileno de H₂V/derivados nacionales; el productor ganador lo asigna en la factura (ítem separado), el adquirente lo descuenta del IDPC del ejercicio y puede arrastrarlo; no hay devolución.

• Asignación: subastas anuales (2025–2030). Ranking por menor US$/kg solicitado; tie-breaker: mayor volumen y mayor proporción al mercado local. Inicio de producción ≤5 años tras adjudicación; ventas con crédito hasta 01-01-2041; multa y revocación por desvíos.

• Límites por kg y presupuesto: 2025 (US$ 700 M; tope US$5/kg), 2026 (US$ 600 M; US$4,5/kg), 2027–2030 con topes decrecientes y vinculados a la última adjudicación previa (con regla del “+0,5” y mínimos). Reglas para remanentes y gatillo para ofertas ≤US$1/kg.

• Gobernanza y control: Comité (Hacienda, Economía, Energía), adicionalidad financiera obligatoria, rendición anual y facultades del SII para revocar créditos mal utilizados. Informe anual a comisiones de Hacienda del Congreso.

• Magallanes: exención de IDPC; sin bonificaciones a la venta; posible exención de IVA a importación de bienes de capital; anticipo de la contribución regional (Ley 21.210, art. 32) tras la RCA.

Impactos positivos esperados)

• Cierra brecha de costos en la demanda local: Al subsidiar vía comprador, reduce el “green premium” y abre espacio a industrias intensivas (explosivos y fertilizantes basados en amoníaco; transporte marítimo), donde la electrificación directa es difícil.

• Señal de mercado con competencia a la baja: La subasta premia al que pide menos por kg, lo que disciplina costos y favorece ofertas eficientes.

• Anclaje doméstico: Criterios de desempate priorizan volumen y cuota local, estimulando encadenamientos productivos y aprendizaje en Chile.

• Temporal y escalonado (2025–2030): Acota el esfuerzo fiscal y presume caída de costos hacia 2030; evita dependencia estructural de subsidios.

• Adicionalidad financiera: Filtro para evitar rentas caídas del cielo; exige demostrar que el proyecto solo es viable con el beneficio.

• Trazabilidad y control: Factura con línea del crédito, reporte al SII, causales claras de revocación y sanciones; reporte anual al Congreso.

• Armonización en Magallanes: Unifica regímenes, reduce arbitraje territorial y asegura retorno regional con el anticipo de la contribución.

Efectos fiscales y de mercado

• Menores ingresos acumulados: US$ 2.800 M (2025–2030). Flujo anual creciente hasta US$ 328,4 M aprox. entre 2030–2040; luego decrece por expiración de ventanas. Implica espacio fiscal comprometido a medio plazo.

• Señal a financiamiento de proyectos: La combinación subasta + offtake doméstico con crédito puede facilitar deuda y cierre financiero (mejores PPAs/ofertas), sobre todo en amoniaco/marítimo/minería y logística pesada.

Brechas técnicas y de gobernanza a ajustar

• Hacer el crédito parcialmente reembolsable o transferible (con techo) para incluir demandantes sin renta líquida imponible, PYMES y primeras adopciones.

• Estándares de sostenibilidad: Incorporar en la ley/reglamento umbral de gCO₂e/kg, reglas de adicionalidad eléctrica/temporalidad y certificación/GoO compatibles con mercados destino (marítimo/UE).

• Resguardos pro-competencia en asignación: Transparencia pública de criterios y registro de créditos asignados por productor/sector para evitar concentración o related-party bias.

• Mecanismo anti-windfall: Ajuste automático del tope US$/kg a un índice de costos (p. ej., CAPEX electrolizadores/energía) o cláusula de reapertura si los costos caen aceleradamente.

• Tramos sectoriales: Reservar pequeños cupos por sector crítico (minería de rajo/transporte pesado/puertos) para asegurar difusión tecnológica y evitar captura por un solo derivado.

• Magallanes: Evaluar un crédito transitorio contra contribución regional (o permitir postergar el anticipo bajo milestones) para aliviar caja pre-operativa sin mermar el objetivo de retorno territorial.

• Adicionalidad verificable: Metodología detallada (supuestos energéticos/financieros auditables), verificación independiente y penalidades proporcionales por sobredeclaración.

Implicancias prácticas para empresas (checklist inmediato)

• Modelo financiero: cuantificar el “beneficio mínimo viable” (US$/kg) y su sensibilidad a precios eléctricos/CapEx; preparar dossier de adicionalidad.

• Estrategia comercial: identificar offtakers locales con base imponible (IDPC) suficiente; negociar asignación de créditos en contratos (facturación con línea separada).

• Timing: asegurar RCA y ruta crítica para producir ≤5 años post-adjudicación; diseñar contingencias para evitar causales de revocación.

• Derivados: garantizar trazabilidad de que provienen de H₂V nacional; definir equivalencias por kg en ofertas.

• Magallanes: calibrar efecto exención IDPC/anticipo contribución en caja y WACC; compatibilidad con Zona Franca y logística.

• Cumplimiento: preparar sistemas de reporting (productor y adquirente), validación SII, y auditorías internas.

El diseño propone un estímulo a la demanda doméstica bien alineado con la etapa 2025–2030: competitivo, transitorio, con foco en consumo local y controles de adicionalidad. Sus dos talones de Aquiles son el carácter no reembolsable del crédito (que excluye demanda potencial con baja renta imponible) y la necesidad de estándares de sostenibilidad explícitos y compatibles con mercados internacionales. Atendidas esas brechas (junto con ajustes pro-competencia y un fine-tuning de topes US$/kg), el instrumento puede acelerar cierres financieros y creación de mercado doméstico de H₂V/derivados con impactos sectoriales tangibles.

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