La entrada del Proyecto de Ley de Fomento a la Industria del Hidrógeno Verde (H2V) al Congreso marca, sin duda, un punto de inflexión para Chile. El Ministerio de Hacienda propone un incentivo fiscal de hasta US$2.800 millones mediante un crédito tributario y un marco tributario especial para Magallanes y la Antártica Chilena, dos regiones llamadas a liderar la producción de combustibles renovables en el hemisferio sur. Es una señal potente: el país busca pasar del discurso a la ejecución, y consolidarse como un actor global relevante en la economía del hidrógeno.

El incentivo y su lógica

El corazón del proyecto es claro. Se trata de un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría (IDPC), destinado a quienes produzcan hidrógeno verde o sus derivados —amoníaco y metanol— en Chile, especialmente en Magallanes. La lógica detrás de esta medida es simple y poderosa: el hidrógeno no es un commodity estandarizado; es una industria en gestación que requiere niveles de inversión y riesgo muy superiores a los de sectores consolidados. Por ello, el Estado busca reducir esa brecha inicial de competitividad, apostando a que los retornos vendrán en forma de innovación, empleo y liderazgo exportador.

En Estados Unidos, este tipo de incentivos ha sido clave. El Inflation Reduction Act (IRA) permitió que el 75 % de la capacidad anunciada de hidrógeno verde proviniera de empresas puras del sector H₂, mientras solo un 1 % lo hiciera desde las tradicionales del petróleo y el gas. La enseñanza es evidente: los incentivos bien diseñados atraen nuevos actores, aceleran las alianzas y empujan la curva tecnológica hacia la competitividad.

El espejo texano

Texas es hoy el epicentro del hidrógeno norteamericano. Lo ha logrado gracias a dos factores: regulación ágil y visión industrial. Allí, los permisos para nuevas infraestructuras energéticas se aprueban en tiempos récord y existe un ecosistema de colaboración entre universidades, utilities y desarrolladores privados. En Chile, en cambio, la lentitud del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sigue siendo un obstáculo estructural. Si queremos competir, el incentivo tributario no bastará: se requiere también modernizar los procesos de aprobación, actualizar la normativa y asegurar una ruta clara para el desarrollo de infraestructura crítica —desde puertos hasta líneas de transmisión.

¿Será suficiente el incentivo?

El crédito tributario propuesto es transitorio. En principio, ofrece un alivio financiero real, pero limitado en el tiempo. El desafío es si ese beneficio podrá traducirse en un LCOH competitivo —inferior a 3 $/kg— en los próximos diez años, considerando que Chile está lejos de los centros de demanda global y aún enfrenta costos logísticos y de infraestructura elevados.

Además, queda abierta una pregunta fundamental: ¿por qué restringir el incentivo solo al hidrógeno verde? Si el objetivo es la descarbonización, debiéramos considerar mecanismos basados en la intensidad de carbono del proceso, permitiendo que el hidrógeno azul —producido con captura de CO₂— acceda a beneficios proporcionales a su aporte ambiental. Así se fomenta la transición sin dogmatismos tecnológicos.

Una oportunidad histórica

Chile posee uno de los recursos eólicos y solares más competitivos del planeta. Magallanes podría ser al hidrógeno lo que Antofagasta fue al cobre: un polo de riqueza energética y conocimiento. Pero para lograrlo, el país debe actuar con una mirada estratégica, no fragmentada. El incentivo tributario es un paso en la dirección correcta, pero solo será eficaz si se integra en una política industrial de largo plazo, con infraestructura pública, innovación local y reglas claras para los inversionistas.

La pregunta ya no es si debemos apostar por el hidrógeno verde. La pregunta es si lo haremos con la velocidad, coherencia y pragmatismo que el mundo exige.

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