El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) solicitó formalmente a la Contraloría General de la República el retiro de 43 decretos supremos que se encontraban en proceso de toma de razón, en una decisión que introduce incertidumbre en la implementación de instrumentos críticos para la conservación de la biodiversidad en el país.

La medida fue ingresada mediante el Oficio Ordinario N.º 01707/2026 y lleva la firma del subsecretario José Ignacio Vial Barros, en el contexto de una revisión impulsada por la actual administración encabezada por la ministra Francisca Toledo. Con ello, se suspende temporalmente la tramitación de normas, planes y figuras de protección ambiental que habían avanzado en su fase administrativa final.

Entre los decretos retirados destaca el que proponía declarar al pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti) como Monumento Natural de Especie, una categoría que permitiría fortalecer su protección frente a amenazas en su hábitat costero. La medida había sido considerada prioritaria por la comunidad científica debido al estado de vulnerabilidad de la especie.

El retiro también afecta instrumentos vinculados a normas de calidad ambiental, planes de recuperación de especies y la creación de nuevas áreas protegidas, particularmente en las regiones de Valparaíso y Atacama.

Desde organizaciones ambientales, la decisión generó críticas. “Se están retirando normas que ya habían pasado por procesos técnicos y participativos extensos”, señaló Roxana Núñez, abogada de Greenpeace, advirtiendo que la paralización podría traducirse en un retroceso en materia de protección ambiental.

Áreas protegidas en pausa: Juan Fernández y Salar de Pedernales

Uno de los casos más relevantes es la detención del proceso de creación del Parque Nacional “Mar de Juan Fernández”, un ecosistema marino de alto valor científico con una superficie proyectada cercana a los 194 mil km². La zona destaca por sus niveles de endemismo —estimados en torno al 87% en especies de peces— y su rol como corredor biológico para especies migratorias.

En paralelo, se suspendió la tramitación de la Reserva Nacional “Salar de Pedernales”, en la Región de Atacama. Este ecosistema altoandino cumple funciones clave en la regulación hídrica y la conservación de biodiversidad en zonas áridas, albergando especies adaptadas a condiciones extremas.

La falta de estas categorías de protección no solo retrasa la conservación legal de estos territorios, sino que también posterga la ejecución de planes de manejo y financiamiento asociados a su administración.

Impacto institucional: incertidumbre en la implementación del SBAP

El retiro de decretos también incluyó el Reglamento de Concursos de Ingreso y Promoción del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), organismo que recientemente asumió la gestión del sistema de áreas protegidas a nivel nacional.

La ausencia de este instrumento regulatorio introduce incertidumbre en la estructuración de su planta funcionaria y en los mecanismos de desarrollo interno, lo que podría incidir en la capacidad operativa del servicio en su fase inicial.

Gobierno apunta a revisión técnica

Desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron que la decisión responde a un proceso de auditoría interna, orientado a revisar la consistencia técnica y normativa de los decretos ingresados durante el cierre de la administración anterior.

Según la cartera, una parte significativa de estos instrumentos fue presentada en los últimos días de gobierno, por lo que se buscará su revisión y eventual reingreso a Contraloría una vez finalizado el proceso.

El episodio abre un nuevo foco de debate sobre la continuidad de las políticas ambientales, el rol de la institucionalidad en la transición entre gobiernos y la velocidad con que Chile puede avanzar en la protección de su biodiversidad en un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas.